Este pequeño texto tan sólo quiere mostrar algún aspecto sobre la violencia (sobretodo estatal) en Colombia, así que no es ni exhaustivo, ni completo (no tiene en cuenta la multidimensionalidad del conflicto), ni pretende ser objetivo (ni lo es ni queremos que lo sea). Tan solo son reflexiones -inconexas quizás- sobre la realidad allá.
Cuando sentimos hablar de Colombia, lo primero que se nos viene a la cabeza son los secuestros, el narcotráfico, la coca y las playas del Caribe, pero no solemos tener una idea clara de su historia reciente y mucho menos de lo que está pasando en este país andino donde hace más de 50 años el Estado y los grupos paramilitares libran una guerra a cuartel -recrudecida en los últimos años- contra la insurgencia revolucionaria. Echemos un vistazo al entramado del conflicto.
Colombia tiene una historia de violencia que abarca más de un siglo. La primera mitad del siglo XX, se conoce en Colombia como la “época de la violencia”. La lucha por el poder entre liberales y conservadores, y la represión ejercida por ambos hacia campesinos/as, tuvieron entre otras consecuencias el surgimiento de guerrillas como las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), que nacieron en forma de autodefensas campesinas y más tarde adoptaron la estrategia de guerrilla móvil, así como la creación de otras guerrillas cómo el ELN, el EPL, el M-19, el Frente Manuel Quintín,...
Actualmente, las FARC son la principal fuerza guerrillera y cuenta con cerca de 20.000 efectivos, y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) es la segunda fuerza guerrillera con presencia en parte del país. Ambas se autodefinen como marxistas-leninistas (aunque el ELN recibió una fuerte influencia de la Teología de la Liberación, por el cura revolucionario Camilo Torres), y ambas direccionan su lucha hacia los/las campesinas, uno de los sectores más excluidos de la negra historia de Colombia.
Pero la guerra contra los grupos guerrilleros no sólo la protagoniza el Estado. Desde antes del surgimiento de las guerrillas ya existían grupos paramilitares (que durante los años 40 eran conocidos como "los pájaros") que, a pesar de ser grupos autónomos, son los muchas veces son los encargados de ejecutar el trabajo sucio que el Estado no puede hacer por tener que ceñirse a la ley.
Entre los años 1983 y 2003, ya extendidos por gran parte del territorio colombiano, los grupos paramilitares estructurados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dejaron, oficialmente, mas de 14000 muertos y desaparecidos, aunque en realidad han sido muchos mas. En el año 2006 se desmovilizan oficialmente las AUC, como consecuencia de la “Ley de Justicia y Paz” promovida por el gobierno de Álvaro Uribe. Pero lejos de desaparecer se reestructuran en la actualidad bajo grupos como las "Águilas Negras" o "Autodefensas Gaitanistas de Colombia".
En todos estos años de guerra abierta se han dado vários procesos de negociación entre el Estado y las guerrillas, aunque el más conocido fue el de 1984, en el que las FARC optaron por la vía democrática creando el partido de la Unión Patriótica (UP). A pesar de la decisión de las FARC de dejar las armas, el gobierno no estaba dispuesto a a permitir una UP que crecía día a día y que tenía serias aspiraciones de ganar las elecciones a la presidencia. Así, fueron asesinados más de 4000 personas del nuevo partido político, entre ellas candidatos presidenciales, alcaldes y diputados, haciendo fracasar el procesos de negociación y las esperanzas de millones de colombianos y colombianas a conseguir una “paz pactada”.
En el 2002, Colombia entra en una nueva etapa de autoritarismo con la llegada al poder de Álvaro Uribe y su proyecto conocido como “seguridad democrática”. Uribe llegaba a la Casa de Nariño con serias y fiables acusaciones de su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico, y con más de 70 denuncias en su contra sin resolver. Su política de "seguridad democrática", con el objetivo de combatir y eliminar la insurgencia, ha permitido militarizar prácticamente la totalidad del país con el interés implícito de apropiarse de las zonas ricas en recursos naturales, dando paso y beneficiando así a las grandes multinacionales que trafican con el agua, la biodiversidad y los bosques y, cómo no, con los recursos hidrocarburíferos.
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El narcotráfico es otra pieza clave del rompecabezas del conflicto colombiano. Desde los años 50, muchos campesinos encontraron en el cultivo de la planta de coca una forma de subsistencia viable, y con precios estables en el mercado mundial, ante la caída del precio del café (derivada de la crisis económica que antaño condenó a las agriculturas del tercer mundo al monocultivo).
A pesar de que la cocaína mueve miles de millones de dólares al año, el campesino/a tan solo obtiene un beneficio de alrededor del 5% de su precio final. El 95% restante se lo distribuyen los productores de la pasta base y, el grueso del monto, los grandes narcotraficantes afincados en EEUU y Europa.
El incremento del consumo y las posibilidades de extender el negocio del polvo blanco de narcotraficantes, aumentó el interés de estos por las tierras ocupadas por campesinos e indígenas. Es por esto que estos terratenientes crearon y financiaron grupos paramilitares en estas zonas con el objetivo de desplazar la población y extender el control de las zonas de cocales. Los inmensos beneficios de la producción de la droga acabaron significando el 60% del ingreso de los grupos paramilitares.
También las FARC, a partir de los '80, encontraron en el negocio de la coca una forma de sustentarse ante un debilitamiento económico y militar. Así, empezaron a cobrar un impuesto a los narcotraficantes que compraban la hoja de coca a los campesinos en zonas controladas por la guerrilla, permitiendo así mantener un precio “justo” para el productor, a la vez que reinvierten el dinero en el proyecto político-militar. A pesar de la catalogación internacional de “narcoguerrilla”, el ingreso derivado del impuesto no es, ni mucho menos, determinante para su existencia.
Con el pretexto de la guerra contra las drogas, EEUU en 1998 consiguió implementar el llamado Plan Colombia, financiando una parte importante. En realidad la aplicación de este plan no ha sido más que la intervención militar de EEUU (a la nueva usanza, después de los desgastado golpes militares) para la eliminación por la fuerza de la insurgencia guerrillera y sus bases de apoyo, es decir, el campesinado. Así, también dejan paso libre a las grandes multinacionales para explotar los recursos de las regiones.
Después de casi una década de Plan Colombia, el Ejército Nacional ha resultado completamente modernizado, y ha conseguido hacer presencia en casi la totalidad del territorio, incrementando así el asedio a los/las campesinas. Es por esto que no resulta tan relevante el triunfo de Obama y la posibilidad de recortar el presupuesto al Plan Colombia, porque las condiciones para el ejército colombiano ya están dadas.
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A pesar de que el escenario de la guerra es tanto en el campo como en la ciudad, ésta se materializa de forma muy distinta dependiendo de el sitio donde se da. En las ciudades se trata de una guerra de “baja intensidad”: los medios de comunicación por un lado silencian la resistencia en el campo, ocultando así la crueldad de la guerra; pero por otro lado, no se cansan de recordar constantemente que “estamos en guerra... y la estamos ganando”. Es su mecanismo de control necesario para desviar la atención de la elevada pobreza en las metrópolis, y forma parte de la estrategia de sembrar el terror entre la población para evitar que se hable abiertamente del conflicto (por miedo a la represión y estigmatización), cosa que contribuye a crear un imaginario social que niega la existencia del conflicto y muestra al exterior la imagen de estado democrático y de derecho. Aun así, en las ciudades las guerrillas tienen sus bases de apoyo en distintos ámbitos y espacios (también a través de organizaciones clandestinas). La presencia insurgente en las universidades, por ejemplo, es muy fuerte, y todo lo que se manifieste como un apoyo - directo o indirecto - a la guerrilla o movimientos sociales que cuestionen el poder estatal son reprimidas brutalmente por la policía o grupos paramilitares. Es así como miles de personas se han visto obligadas a salir del país por las persecuciones, las amenazas y la criminalización recibida.
El campo es donde se materializan los enfrentamientos y los combates (lógicos en el contexto de una guerra), y donde son frecuentes y cotidianas las ejecuciones extrajudiciales, las amenazas hacia la población civil, el miedo y los “falsos positivos”. Precisamente, esto último se ha convertido en "deporte nacional" entre las tropas del ejército, con dos variantes: o se secuestran jóvenes de las ciudades para asesinarlos en el campo vistiéndolos de guerrilleros, o directamente asesinan a campesinos y, colocándoles un arma, una radio o cualquier cosa que se pueda relacionar con la insurgencia, los declaran como bajas en combate, para conseguir mejoras laborales como primas o vacaciones. Lo mismo hacen con los campesionos/as sindicalizados o comprometidos social y políticamente (en lo que va de año ya han habido más de 400 sindicalistas asesinados en el país).
La intención es clara: siguiendo la estrategia de quitarle el agua al pez, pretenden limpiar el campo, asesinando la población civil, justificándose en el hecho de que todas y todos los campesinos son guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. De esta forma, van eliminando paulatinamente al principal sustento de la guerrilla (el campesinado), y dan paso libre a las multinacionales usurpadoras de los recursos naturales en la zona. En distintas zonas del país y desde hace años, los campesinos/as se están viendo obligados a huir de sus veredas o poblaciones, generando un éxodo que hoy suma alrededor de seis millones de desplazados/as que han contribuido al vertiginoso aumento de las metrópolis como Bogotá o Medellín. Tanto es así que en Colombia actualmente tan solo hay un 20% de población rural, cuando hace unas décadas era alrededor de un 60%.
El Tolima: un ejemplo de terrorismo de Estado
El departamento del Tolima, que se encuentra al sur de Bogotá, es una de las zonas donde el conflicto es más visible y resulta más evidente, ya que es escenario histórico de combate entre las FARC-EP y el Ejército Nacional, llegando a ser zona liberada por la guerrilla durante varios años. Al sur-oriente del departamento, la situación ha ido empeorando a medida que ha ido aumentando la presencia del ejército colombiano en la zona.
En 2006, son asesinados dos jóvenes campesinos (uno menor de edad) por parte del Ejército Nacional, y presentados cómo bajas en combate, hecho al que las comunidades responden con varias movilizaciones para exigir el esclarecimiento de los hechos. Al cabo de unos meses, en julio de 2008, consiguen un acuerdo con el ejército, algunas instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, con el fin de garantizar el principio de distinción de población civil de la militar, y el compromiso por parte del ejército de respetar los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este acuerdo nunca se llegó a cumplir, al contrario, aumentó la presencia militar a las veredas, convirtiéndose en frecuentes y cotidianas prácticas como las amenazas a niños/as con el objetivo de sacarles información, la utilización de las casas como refugio militar, la simulación de combates para aterrorizar la población o el hecho de "montar" campamentos al lado de las casas y de la escuela convirtiéndolos así en objetivo militar. Debido a esto, varias familias han quedado en medio de las balas entre la guerrilla y el ejército.
Debido a esta situación, desde hace ya dos meses, 84 campesinos/as de distintas veredas de la región (36 de los cuales son niños/as) se vieron obligados a huir de la zona y refugiarse a la escuela de Dolores, la cabecera municipal de la región.
Es por esto que el sindicato ASTRACATOL convocó a varias organizaciones sociales, campesinas y de DDHH (nacionales e internacionales) a una Misión Humanitaria por el respeto a la vida, los derechos humanos y la permanencia de los campesinos en su propio territorio.
A través de una visita a las distintas veredas que quedan en medio del conflicto, se pudo corroborar las denuncias de violaciones de los DDHH y el DIH que se venían dando: presencia militar al lado de las casas, evidencias de campamentos militares cerca de las viviendas e incluso de la escuela convirtiéndolos en objetivo militar; casquillos de balas y restos de bombas aéreas en zonas habitadas, pintadas del ejército con amenazas hacia la guerrilla en el interior de la escuela. Informaron también que un terreno próximo a las casas había sido minado por el ejército, imposibilitando así el paso de los campesinos por la zona.
Durante la Misión, se convocó una reunión con el Mayor de la Brigada Móvil del Ejército, otro Mayor del Ejército encargado de los DDHH (qué cinismo!), el alcalde de Dolores, Defensoría y Procuraduría del Pueblo, ASTRACATOL y otras organizaciones sociales, con el objetivo de encontrar una solución transitoria al desplazamiento forzado de las familias. Como era de esperar, no se acabó concretando nada, a parte del supuesto compromiso del Ejército de respetar los DDHH y el DIH. Nadie acabó asumiendo ningún tipo de responsabilidad, esfumándose así las esperanzas de las personas desplazadas de retornar a sus veredas.
Para consultar el Informe de la Misión Humanitaria, click aquí
