(III) Bolivia: de la insurrección popular a la ofensiva fascista

La ofensiva fascista

Un poco de historia…

En un país donde, tanto en el tiempo colonial como en el republicano, la oligarquía y la burguesía nacional, así como algunos actores internacionales, han gozado siempre de sus privilegios, era de esperar una respuesta tan beligerante como la que, desde la entrada del MAS al gobierno, está mostrando la derecha en aquellos departamentos donde mantienen privilegios políticos y económicos, conocidos como la “media luna”: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, principalmente.

Es en estos departamentos donde se concentran las principales reservas hidrocarburíferas de Bolivia y las élites económicas más importantes, además de ser la zona donde se encuentra la menor proporción de población indígena (aún así sigue siendo de entre el 10 y el 25%, oficialmente). Santa Cruz vemos que es la región más desarrollada gracias a la reconversión del paraíso del narcotráfico a ciudad de negocios, la más occidental y “blanca” y donde el discurso racista de tantos siglos se materializó en la invención del concepto de la “Nación Camba”, el cual se extendió al resto de departamentos de la “media luna” generando actitudes racistas hacia todo lo que fuera indígena y pobre, tanto en el altiplano como en el oriente.

En 2001, las élites santacruceñas crean el “Manifiesto de la Nación Camba” con un fuerte carácter separatista basado en la idea de la existencia de dos supuestas naciones en Bolivia: la camba y la kolla, esta última localizada en el altiplano y marcadamente indígena.

En el fondo, la idea de nación camba esconde la lucha por garantizar el statu quo en el que los empresarios y los terratenientes puedan seguir gozando de sus privilegios en un Estado occidentalizado y neoliberal, apropiándose de los recursos naturales de la zona.


Estructura y articulación de la derecha

La derecha ha creado toda una estructura teórico-práctica que le permite una buena articulación interna y formas de acción que neutralizan responsabilidades políticas. Los actores fundamentales del engranaje son: las élites económicas y los Prefectos departamentales, los medios de comunicación y ciertas agrupaciones civiles como los Comités Cívicos y la Unión Juvenil Cruceñista, ésta última en el caso de Santa Cruz.

Los Prefectos son cargos elegidos democráticamente y que deberían cumplir la función de administradores del Estado en los departamentos, aunque también forman parte del Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que los departamentos en Bolivia no tienen prácticamente competencias propias.

Los Prefectos de la “media luna”, agrupados en el partido político PODEMOS, tienen un poder económico muy importante así como unos orígenes políticos poco democráticos, por llamarlo de alguna manera. Algunos son propietarios de tierras, empresarios; otros propietarios de grandes medios de comunicación, etcétera. Manfred Reyes[1], por ejemplo, estudió en la Escuela de las Américas y fue Ministro del dictador militar Bánzer.

Los Prefectos y las grandes élites económicas utilizan los grandes medios de comunicación (alguno de los cuales es de su propiedad) como herramienta para deformar la realidad y manipular la información en su propio beneficio. Ya desde antes de la subida de Evo Morales al poder, cualquier hecho sucedido que pudiera desenmascararlos lo tergiversaron en su favor, ocultando datos e inventando otros. Unitel es uno de los medios que más está contribuyendo a fomentar el racismo y el separatismo que promueven las élites de derecha. A parte de los medios nacionales, muchos de los medios de comunicación extranjeros contribuyen a crear un imaginario confuso y falso sobre la situación política y social en Bolivia, tildando, por ejemplo, a Evo Morales de dictador.

Los comités cívicos, se crearon ante la necesidad de mediación e interpelación en asuntos importantes ante los abusos de la corona, primero, y del gobierno republicano, más tarde. En su origen, funcionaron como correa de transmisión entre la sociedad y el Estado, aunque en la actualidad, su función se ha deformado de forma evidente. Se han convertido en heraldos de los prefectos, reproduciendo su discurso (interiorizado a través de los medios de comunicación) y, lo que es más importante, en el brazo ejecutor de ese discurso, junto a otras organizaciones “civiles” como la Unión Juvenil Cruceñista.

Esta organización, se creó para dar un total apoyo al comité cívico de Santa Cruz (Comité Pro Santa Cruz, el presidente de la cual es Branko Marinkovic, gran terrateniente y accionista de Unitel), declarándose apartidaria y con el lema “democracia, libertad y autonomía”.

El Comité Pro Santa Cruz se originó como respuesta a la revolución katarista de 1952 que llevó al poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario. Se unió a la Falange Socialista Boliviana que creó la Unión Juvenil Cruceñista, para hacer frente a la revolución que, supuestamente, venía a afectar sus intereses.

Actualmente cuenta, según afirma la misma organización, con unos 160000 afiliados, solamente pueden ingresar varones de entre 14 y 35 años, albergan un “servicio de inteligencia” y es financiada por aportaciones de empresas y terratenientes.

Así es como se articula la estructura derechista en el oriente: los Prefectos se articulan con los comités cívicos y otras agrupaciones civiles encargándose estas del accionar en lo público. Es decir, son el brazo ejecutor de la “ideología”, los títeres de los grandes empresarios, terratenientes oligarcas y de la burguesía regional de estos departamentos. Estos últimos crean el discurso, los medios de comunicación lo reproducen, manipulan el discurso del gobierno y los movimientos sociales, y intenta interiorizarlo en la población. Después son ciertas agrupaciones cívicas las que se encargan de llevar a la práctica el discurso original.

Estas formaciones “civiles”, se han organizado como “grupos de choque” de la derecha, han intervenido y destruido oficinas públicas y medios estatales, han quemado casas de constituyentes, lanzado granadas contra un concejal del MAS y apaleado otros y, como veremos más adelante, han sido los protagonistas de la violencia directa y la humillación hacia indígenas, dejando atrás muertos y muchos heridos.


Estrategia de la derecha

Antes de contar algunos de los episodios más lamentables y repudiables de violencia fascista, cabe señalar algunos de los procesos políticos de oposición que han ejercido ante el proceso de cambio de Evo Morales.

• En 2003, después de la Guerra del Gas y paralelamente a la demanda de la Agenda de Octubre, estas élites del oriente presentan su propia “Agenda del Oriente” con la intención de neutralizar la Agenda de Octubre de los movimientos sociales. La Agenda del Oriente está basada en la idea de la nación camba y piden un proceso autonómico para los departamentos de la “media luna”. A partir de aquí, la demanda de la autonomía departamental pasa a ser el eje central de las reivindicaciones de los departamentos del oriente.
• Guerra mediática contra el gobierno de Evo utilizando sus Medios de Comunicación y manipulando información.
• Oposición a la Asamblea Constituyente pidiendo la aprobación de ésta a partir de los 2/3 de los votos. Cuando esto fracasa declaran ilegal la propuesta de Constitución, boicoteándola.
• Evo propone un Referéndum Revocatorio para decidir su continuidad en el poder y la continuidad de los prefectos de los distintos departamentos. Los prefectos de la media luna lo declaran inconstitucional y a pesar del esfuerzo que hacen para que no se celebre, en el último momento se ven obligados a aceptar la revocatoria de prefectos. Aun así el día del referéndum (10 agosto) boicotean las urnas y manipulan los resultados electorales. No obstante, el MAS sale reforzado y de los prefectos de derecha salen el de La Paz, Oruro y Cochabamba.

Esta estrategia ha sido diseñada y promovida por el recién destituido embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg. Este “diplomático”, entre 1994 y 1996, fue jefe de la Oficina del Departamento de Estado para Bosnia durante la guerra de los Balcanes, promoviendo la violencia en la región. Y entre 2004 y 2006 volvió como jefe de Misión en Pristina (Kosovo), consolidando la separación de la región. Todo un experto en materia de desestabilizar gobiernos y promover la división de estados atizando la violencia separatista.

Goldberg, des de 2006, se estuvo reuniendo con los prefectos de los departamentos del oriente así como con Branko Marinkovic (predidente del Comité Pro Santa Cruz, terrateniente y accionista de Unitel), incluso en los EEUU y con congresistas de este país, preparando el Plan Golpista que debía tumbar el gobierno del MAS. Es a partir de estas reuniones que la derecha se radicaliza en sus medidas de presión e inician una toma violenta de varias instituciones del Estado como Impuestos Internos, Instituto Nacional de Reforma Agraria (lugar donde se quemaron muchos documentos sobre repartición de tierras ilegales y tierras arrebatadas a pueblos indígenas), Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y comisarias de la policía y las fuerzas armadas, etc.

A pesar de los intentos golpistas, no consiguen derrotar al gobierno de Evo Morales. Aún así, EEUU continúa teniendo muchos intereses económicos en el oriente boliviano y continúa ejerciendo influencia en los prefectos de la “media luna”.


Fascismo descontrolado. El caso de Cochabamba, Sucre y Pando

A continuación se relatan tres casos de violencia extrema que han perpetrado los grupos derechistas afines a los Prefectos de la “media luna”: el 11 de enero de 2007 en Cochabamba y el 24 de mayo y el 11 y 12 de septiembre de 2008 en Sucre y Pando.

En Cochabamba, des del 4 de enero, los cocaleros del Trópico y otros campesinos de la zona se asentaron en la plaza de la capital cochabambina como protesta ante la decisión del Prefecto Manfred Villa de secundar el proyecto “autonomista” de la “media luna”. A esta protesta, en los días posteriores se fueron sumando sectores populares urbanos y rurales, copando por completo la plaza y las cuadras de los alrededores. Este hecho fue extendiendo el racismo de parte de la población “con aspecto camba”. Los ánimos se fueron calentando a partir del 8 de enero, cuando la Prefectura intentó el desalojo de los protestantes por la fuerza y estos quemaron y saquearon parte del edificio central de la prefectura.

El 11 de enero, fue convocada una manifestación des de los sectores más acomodados de la ciudad contra los “cocaleros destructores y anti-democráticos”. En la marcha, a pesar de la convocatoria pacífica de los convocantes, se repartieron bates de baseball, palos de madera y otros objetos contundentes por parte de grupos coordinados del Comité Cívico y con apoyo tácito de la Prefectura. Después de la batalla campal en las calles de Cochabamba, el resultado fue de dos muertos: un cocalero de la zona tropical por impacto de bala en el corazón y un estudiante de 16 años que fue secuestrado del hospital donde lo atendían de las heridas para ser colgado de un árbol; además de varios heridos.

Manfred Reyes se retiró rápidamente a Santa Cruz, donde se victimizó declarando que se trataba de una “conspiración contra los derechos humanos y la democracia” y viajó a Estados Unidos para quejarse ante diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, tergiversando los hechos.

Por lo que se refiere a los sucesos de mayo de 2008 en Sucre no encontramos adjetivos para calificar la humillación y la persecución de los campesinos indígenas por parte de los llamados cívicos. El día 24, centenares de campesinos de las zonas rurales de Chuquisaca (departamento, capital del cual es Sucre), acudieron a la capital para recibir al presidente Morales que había convocado un acto en el estadio para la entrega de unas ambulancias destinadas a las áreas rurales. A pesar de que tanto la Prefecta como el Comité Cívico (y otros grupos afines, como un sector de los estudiantes universitarios) anunciaron que el presidente no sería recibido y que impedirían su llegada a Sucre, los campesinos se agruparon en el estadio para recibir a éste. Una turba de jóvenes dirigidos por el Comité Cívico y políticos de la prefectura iniciaron una persecución de indígenas y campesinos allanando viviendas donde se alojaban, persiguiéndolos y golpeándolos hasta llegar a capturar a 18 de ellos los cuales desnudaron de cintura para arriba y llevaron a la plaza principal de Sucre donde fueron humillados, obligándolos a gritar consignas contra el gobierno del MAS y a besar la bandera de Sucre.

Durante los sucesos, tanto la policía como el ejército se retiraron de la zona de conflicto, después de ser agredidos también por los grupos afines a la Prefectura, y después de recibir órdenes de la presidencia, con la intención de evitar muertos, dejando Sucre sin policía durante unos días. Finalmente, el resultado de la barbarie fue de 50 campesinos y siete universitarios heridos y sin ninguna detención firme.

Por último, los sucesos en la provincia de El Porvenir, Pando (frontera con Perú y Brasil) vienen a confirmar las hasta entonces suposiciones, de la creación de grupos paramilitares de derecha para desestabilizar el gobierno del MAS.

Durante el 11 y el 12 de septiembre, grupos paramilitares (entre ellos se identificaron a peruanos y brasileños) perpetraron una matanza de hasta 30 campesinos, varios heridos y decenas de desaparecidos, con la colaboración de la Prefectura de Pando en el transporte de los paramilitares y las armas en sus volquetas. Una vez armados, estos grupos iniciaron emboscadas a indígenas y campesinos, quienes se tuvieron que tirar al río para evitar los impactos de bala. Horas más tarde fueron apareciendo los cuerpos sin vida.

Cabe resaltar que estos tres casos se tratan de acciones planificadas estratégicamente por la oligarquía del oriente, utilizando a los Comités Cívicos y demás grupos de apoyo para conseguir tumbar al gobierno del MAS y mantener sus privilegios.


Algunas reflexiones…

Después de hacer un repaso de los aspectos más relevantes que han marcado los últimos años en Bolivia, vemos que la situación actual de este país es compleja y “complicada”, debido principalmente al fascismo y al racismo que promueven los grupos de derecha de las provincias del oriente.

Evo Morales y el gobierno del MAS están llevando a cabo una estrategia de esperar y no intervenir de forma violenta ante los casos de violencia por parte de la derecha, para evitar muertos en enfrentamientos y que estos puedan ser utilizados por la derecha para obligar a Morales a dimitir.

Según nuestra percepción y después de haber visto y vivido algunos de estos procesos recientes, vemos una falta de articulación real de los nuevos movimientos sociales para dar respuesta a esta derecha cada vez más organizada. Muchos de los movimientos sociales que antes eran autónomos, con la subida de Evo Morales al gobierno pasaron a apoyar y formar parte del proceso cambio, cosa que implicó una falta de independencia y autonomía a la hora de tomar decisiones y pensar una estrategia para confrontar la derecha, tanto por lo que hace a impedir el avance de esta como por lo que hace a proponer alternativas viables.

A pesar de esto, cabe destacar que gran parte de la población esta sensibilizada y concienciada del peligro que suponen estos grupos, y hay gente muy implicada en proyectos y acciones contundentes para contrarrestar este fascismo organizado.

Por otro lado, y desde nuestra visión occidental (que a menudo dificulta entender procesos políticos y sociales en regiones con una historia y una realidad completamente distinta a la nuestra), vemos que la ficción del Estado es especialmente palpable en Bolivia, un país donde conviven (en conflicto permanente) las formas de organización políticas y culturales de los pueblos originarios con las formas de organización de la estructura del Estado moderno.

En Bolivia, los/las quechuas representan un 40% de la población, los/las aymaras el 30% y cerca del 10% suman las diferentes etnias originarias de la zona oriental. El hecho que haya un 80% de población indígena es clave para entender el conflicto que desde hace siglos se está llevando en el país. Vemos, por un lado, una resistencia por parte de los pueblos originarios a mantener “lo propio” y, por otro lado, un intento de integrarse al sistema capitalista y neoliberal global, especialmente por parte de las élites del oriente.

En este contexto, Evo Morales y el gobierno del MAS se encuentra al medio de la encrucijada; por un lado, apostando por el reconocimiento de los pueblos originarios, indígenas y campesinado, y por otro lado, apostando por la construcción de un Estado fuerte y omnipresente. Esta construcción del Estado, debido a su fuerte presencia, no deja lugar a las formas de organización social y política indígena.

Está por ver cómo evoluciona el conflicto en Bolivia en los próximos años. Pero creemos que es mucha la resistencia y las luchas que vienen protagonizando, desde hace siglos, los pueblos originarios en esta región, y es mucha la rabia contenida durante tantos años de represión y sometimiento a otras formas de pensar, de organizarse y de ver el mundo y son muchos/as las que están dispuestas a resistir, a luchar y a no dejarse vencer.



[1] Manfred Reyes se retiró de la prefectura en agosto de 2008 después de perder el referéndum revocatorio.

(II) Bolivia: de la insurrección popular a la ofensiva fascista

El gobierno del MAS y el proceso de cambio


La “recuperación” de los RRNN y el IDH

Como vimos, los recursos naturales fueron el centro de gravedad de la campaña electoral de 2005 y consecuentemente la primea acción de gobierno de Evo Morales. La propuesta de éste era la de “nacionalizar e industrializar sin confiscación” los hidrocarburos. Ahora bien, el MAS proponía la recuperación de los hidrocarburos mediante la reinserción de la empresa estatal a la industria i la renegociación con las compañías extranjeras por conseguir una condiciones más favorables para Bolivia, distanciándose así de las posiciones más radicales que apostaban por el confisco de las empresas directamente.

El Decreto en materia de hidrocarburos que ejecutó Morales se centraba en cuatro puntos: reafirmar la propiedad del Estado sobre los recursos hidrocarburíferos a través de un YPFB reconstituido; aumentar los ingresos gubernamentales por hidrocarburos renegociando contractos de exploración y explotación; encontrar nuevos mercados de exportación y negociar precios más elevados con Argentina y Brasil; y por último, aplicar una política de industrialización que permita a Bolivia utilizar su gas para productos como la electricidad.

Por lo que se refiere a la reconstitución de YPFB, es necesario recuperar el control de las 3 empresas capitalizadas que tenían control sobre exploración y transportación a YPFB, y de dos empresas privadas que compraron instalaciones. El gobierno tendría que tener la mayoría de acciones a cada una de las 5 empresas, cosa que Morales no ha hecho ni va por el camino de conseguirlo. Aún así, si lo consiguiera tendría el control sobre una pequeña parte de las reservas del país, y Repsol, Total y Petrobrás manejarían el 83% del gas boliviano y el 86% de las reservas de petróleo. De la misma forma, con el resto de objetivos del decreto sobre hidrocarburos, Morales no ha conseguido por el momento lo que se proponía, cosa que ha sido altamente criticada por los movimientos sociales que lo apoyaron. A pesar de no ser un decreto para nada “revolucionario”, por el momento muchos objetivos han quedado aplazados, en parte, debido a la falta de recursos económicos, y sobretodo, debido a los intentos por parte del gobierno de renegociar y “contentar” tanto a las empresas extranjeras como a la oligarquía boliviana.

Cabe aquí mencionar acerca del IDH (Impuesto de los Hidrocarburos), ya que es de capital importancia para comprender la oposición de confrontación de la derecha en los departamentos donde se extraen recursos hidrocarburíferos. El año 2005, antes de la apresurada salida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada, éste había creado un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos con el objetivo de presupuestar las Prefecturas de los Departamentos, suma importante de dinero a pesar que éstas nunca han tenido competencias relevantes. Con la “nacionalización” el ingreso en los departamentos por el IDH debía aumentar en más del doble, pero esto nunca sucedió, ya que el IDH se utilizó para sufragar la “Renta Dignidad”, caballo de batalla del MAS. Esta renta es pagada, indefinidamente, a todas las personas mayores de 60 años. Como veremos, los Prefectos no estaban dispuestos a peder tan suculento ingreso y harían de este hecho otra arma más para tumbar al gobierno de Morales.

Otras acciones políticas enmarcadas en el procesos de cambio impulsado por Evo y el MAS son el “Bono Juancito Pinto” (ayuda al estudio), “Gastos Reservados Cero”, “Plan de alfabetización para adultos” (con ayuda cubana y venezolana), el inicio de la “Revolución agraria”, etc. Pero sin duda, uno de los hechos mas importantes fue la elaboración de una nueva Constitución Política de Estado a través de la creación de la Asamblea Constituyente.


La Asamblea Constituyente

Otro punto esencial de la “agenda de octubre” fue la de crear una Asamblea Constituyente que se encargara de la redacción de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Ya des de un inicio, la formación de la Asamblea encontró en los partidos tradicionales y especialmente en la derecha un beligerante rechazo. Así, el gobierno se vio obligado a consensuar la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (a un mes de gobierno del MAS) mutilando las exigencias que los movimientos sociales imponían al gobierno. Estos, junto al MAS, preveían la participación de las organizaciones sociales rurales y urbanas mediante la elección directa de representantes. Finalmente, con la concesión del gobierno, los movimientos sociales quedaron fuera del teatro de la democracia y, además, consiguieron que – mediante aritmética electoral – de los 255 constituyentes nunca hubiera 2/3 de las fuerzas de izquierda, cantidad necesaria para la aprobación del texto constitucional[1].

Como veremos más adelante, la oligarquía y la derecha parlamentaria han tenido – y tienen – una oposición de confrontación, de choque si se quiere, ante la nueva CPE. Primeramente, con la cuestión de los 2/3 y después incluyendo en la agenda política el tema de la capitalidad[2]. A pesar de los intentos de este sector para hacer fracasar el nuevo texto, no presentándose el día de las votaciones, éste fue aprobado “a lo grande” el 24 de noviembre de 2007 en Sucre por 146 constituyentes y el 9 de diciembre en Oruro fue aprobado “en detalle y revisión” por 164, superando esta segunda oportunidad los 2/3 necesarios. Ahora bien, qué fue lo que pasó entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre para lograr los votos necesarios para la aprobación de la CPE? Obviamente se “revisaron” algunos “detalles”. Además, nos cuentan personas que participaron directamente en la discusión y redacción del texto que este no es exactamente igual al aprobado en Oruro[3]. El pueblo habla y los despachos políticos deciden. Así es la democracia.

Pero qué es lo que dice esta nueva Constitución que tanto la izquierda como la derecha la tildan de “rEVOlucionaria”? Lo cierto es que de revolucionaria no tiene mucho, por no decir nada: sigue el patrón de cualquier otra Constitución, ya sea de Europa o de otros países de América Latina. Aún y así, le reconocemos dos aspectos: en primer lugar, la presencia tangencial, en todo el texto, de los pueblos originarios: uso de la tierra comunal, autonomía indígena, etc. En segundo, la forma en cómo se redactó es bastante más participativa – a pesar de las trampas impuestas – que muchas constituciones políticas de Europa y de América Latina.

El proceso sigue abierto, en diciembre está previsto un doble referéndum para, de un lado, definir la superficie máxima de la tenencia de la tierra (5000 o 10000 hectáreas) y, del otro, aprobar y permitir que entre en vigor la nueva Constitución.


El gobierno y los movimientos sociales

La relación entre Evo Morales y el MAS (Movimiento Al Socialismo) y los movimientos sociales, es una relación muy estrecha y a veces hasta difuminada. Por un lado, Evo Morales había sido durante muchos años – y hasta hace unos meses – dirigente del Sindicato de Cocaleros del Yungas, que junto a la COB (Central Obrera Boliviana, la mayoría son mineros), son los más combativos del país. Además, el MAS surge durante el ciclo rebelde, como contrapartida de los partidos políticos tradicionales. Por otro lado, algunos integrantes del partido, como el vicepresidente Gacía Linera, fueron guerrilleros del MRTK (Movimiento Revolucionario Tupac Katari) en los años 60-70. Es decir, surge des de los movimientos sociales, o al menos, como consecuencia del accionar de estos.

Esto explica como, cuando sale elegido presidente en 2005, Morales y el MAS cuentan con el apoyo de parte importante de los movimientos sociales bolivianos. Cabe destacar que el carácter indigenista de Evo, junto con las propuestas del MAS de desarrollar políticas más participativas y poner un especial énfasis en las políticas dirigidas a campesinos, indígenas (que es la mayoría del país) y, en general, a las personas más excluidas y olvidadas por los anteriores gobiernos, han llevado a una casi idolatrazación de Evo Morales, convirtiéndose así en un especie de ídolo nacional para los simpatizantes del MAS (no así de los movimientos sociales, los cuales son más críticos con el gobierno). Al mismo tiempo, pasó a ser el enemigo de los terratenientes y de las élites económicas y políticas del país, quienes vieron peligrar sus privilegios.

Como acostumbra a pasar en el ámbito político, “del dicho al hecho hay un trecho” y, a pesar de las buenas intenciones de Evo Morales, el poder - determinado ya de antemano - y las estructuras del capital-Estado imposibilitan y dificultan, a la práctica, la realización de cambios significativos, cosa que generó la crítica de parte de los “masistas”, quienes empezaron a exigirle al gobierno cambios reales.

Actualmente, nos encontramos con que mucha de la gente que “apoya” al gobierno no son “masistas” ni apoyan a Evo Morales, sino que están con el proceso de cambio. Para muchos/as apoyar al gobierno de Evo Morales es más una estrategia de empoderamiento y una forma de poder ser escuchado/a, además de una estrategia para desplazar la creciente derecha boliviana.


[1] Esto era una distorsión de la realidad en el Parlamento, donde el MAS y sus aliados agrupaban esos 2/3 y que en la Constituyente tan solo representaban el 55%
[2] Sucre, a pesar de ser la capital constitucional del Estado, tan solo alberga el poder judicial. Tanto el poder ejecutivo, como el legislativo está ubicado en La Paz. Esta confrontación por la capitalidad plena se remonta a tiempos de la creación de la República, aunque en los últimos años estaba bien latente.
[3] Por citar un ejemplo, el “matrimonio entre dos personas”, después de pasar por despachos políticos, se queda en “matrimonio entre un hombre y una mujer”.

(I) Bolivia: de la insurrección popular a la ofensiva fascista

Hablar de la situación política actual de Bolivia hoy, no es tarea fácil. Se trata de una coyuntura compleja en la que intervienen varios actores debido, sobretodo, a un contexto social y político que en los últimos ocho años ha marcado la historia de este país, así como de toda Latinoamérica.

De este modo, y para hacer el texto comprensivo – y permitir comprenderlo nosotras mismas – vamos a contextualizarlo a partir de las movilizaciones de 2000 a 2005, período conocido como el “ciclo rebelde” y la llegada al poder del MAS y Evo Morales. Veremos también en qué se está materializando el llamado “proceso de cambio”, para poder comprender la respuesta que la oligarquía del oriente del país (autodenominada “media luna”) está dando con importantes tintes fascistas.


El Ciclo Rebelde (2000-2005): de las guerras del agua y el gas al triunfo electoral del MAS

El inicio del segundo milenio trajo consigo la explosión de toda la rabia contenida durante tantos años. Y como suele suceder, es una chispa la que desencadena la revuelta.

La vorágine neoliberadora que en los años 90, en gran parte del mundo, tiene como consecuencia la privatización de cada vez más recursos – entre ellos los capitales, y como no, los naturales – toca a Bolivia de lleno. El gobierno de Hugo Bánzer[1], siguiendo las nuevas doctrinas económicas dictadas por el FMI y el BM, decide entregar el sistema de provisión de agua del departamento de Cochabamba a la subsidiaria de una gran corporación estadounidense y aprobar una ley a partir de la cual podía dar el control del sistema rural de agua a esta misma corporación. Todo esto en un país donde el agua potable es escasa y en ciertos lugares hay que ir a buscarla con baldes o garrafas a las fuentes o al río; y donde parte de las zonas rurales (especialmente las comunidades indígenas del altiplano) no disponen todavía del elemento básico para la vida y las que tienen sistema de agua potable es porque ellas mismos han construido las canalizaciones.
De esta manera, se privatiza el servicio de agua de Cochabamba y la concesión queda a cargo de Aguas del Tunari perteneciente a la multinacional Bechtel. La primera gestión de esta nueva S.A. es el incremento de la tarifa hasta un 100% sin ningún tipo de justificación.

Entonces, la revuelta se inicia cuando a los usuarios del servicio de agua potable les llega la primera factura de la nueva compañía y observan el desmesurado incremento de la tarifa. La gente, organizada en la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida toma las calles como medida de protesta, acción que sería duramente reprimida por los militares. Hasta en tres ocasiones se cortaron los accesos a la ciudad con bloqueos y huelga general entre enero y abril de 2000. El resultado de la represión fue de un muerto de bala, unos 100 heridos/as y varias personas encarceladas (entre ellas representantes de la Coordinadora).

Las consecuencias de esta primera insurrección son varias. En primer lugar, se consiguió que la empresa Betchel huyera de la ciudad, devolviendo el sistema de provisión de aguas a manos públicas, y se consigue derrocar la discutida ley. Pero también crea un precedente histórico para futuras movilizaciones.

Durante los años que siguen, se suceden incontables protestas contra el gobierno, pero es en octubre de 2003 cuando la insurrección popular cobra mayor alcance, desencadenando la llamada Guerra del Gas.

En Bolivia, como en gran parte de Latinoamérica, los recursos naturales – y especialmente los hidrocarburos – siempre han estado en manos de corporaciones extranjeras. En Bolivia, la llamada “capitalización” de este recurso fósil dejaba en las arcas del Estado tan solo el 18% del total de activos de YPFB[2], así que gran parte de los beneficios que se obtenían de la segunda reserva más grande de Sudamérica, no se quedaban en el país. Es en este contexto que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, “Goni”, propone la venta de gas barato a Estados Unidos a través de Chile – histórico rival de Bolivia – provocando las protestas que conseguirían la huida del presidente del país.

Con esto y en un contexto de descontento social por una fuerte crisis económica, las protestas se fueron incrementando y extendiendo: El Alto, Oruro, Potosí, ... des de las zonas rurales del altiplano se bloquearon los accesos a La Paz y los mineros ya marchaban hacia allá. Entonces, el gobierno ordena a los militares despejar por la fuerza las rutas para garantizar el subministro de combustibles los cuales no dudan en usar armas de fuego contra la población “armada” con palos y hondas. Esta desproporcionada represión comienza a dejar varios muertos por bala lo que provoca mayor indignación y acrecientan las protestas, especialmente en El Alto. El vicepresidente del gobierno, Carlos Mesa, ante la carnicería que estaba provocando su gobierno, decide renunciar y distanciarse de Goni. Mientras, la clase media, intelectuales y la elite boliviana comienzan a unirse a las protestas, pidiendo la dimisión del presidente y empiezan ha haber las primeras distensiones entre militares y policías.

Por otro lado, la administración Bush, a través de su embajador en Bolivia, da su pleno apoyo al presidente, de la misma manera que se posiciona la OEA[3] a favor de éste. Quedan claros los alineamientos internacionales a favor de la “democracia” aunque sea matando a manifestantes.
Finalmente, el 16 de octubre se convoca a una marcha en La Paz que aglutina a unas 300000 personas y crece la agitación, las huelgas de hambre, así como la presión internacional ante embajadas.

Al día siguiente, llegaba la renuncia del presidente por fax y las televisiones del país muestran la pantalla dividida en dos partes: en una, el avión que transportaba a Sánchez de Lozada a su refugio político en Estados Unidos, y en la otra, aparecía Carlos Mesa invistiéndose como nuevo presidente de Bolivia.

La Guerra del Gas tubo diversas consecuencias de consideración. Por un lado, la represión dejó tras de sí 67 muertos y centenares de heridos (la mayoría de ellos por balas de la policía y el ejército). Por el otro, la consecuencias políticas: la destitución – o más bien, la huida – del presidente, la promesa del cumplimiento de la llamada agenda de octubre[4] y un fortalecimiento de los movimientos sociales de Bolivia, que cobraran una gran importancia en los años venideros a la vez que un desgaste de los partidos tradicionales que habían caído en descrédito.

Carlos Mesa traicionó la agenda de octubre aprobando una nueva ley de hidrocarburos que nada tenía que ver con las demandas originadas en la Guerra del Gas (ley dictada bajo la amenaza del FMI de retirar ayudas), así que presenta su dimisión en dos ocasiones, la última aceptada por el Congreso y dejando al país sin presidente. Mientras políticos y magistrados debatían quién sería el sucesor de Mesa, las calles de las ciudades de Bolivia, de nuevo, se inundaban de gente exigiendo que ninguno de los dos políticos que podían “heredar” el poder lo hicieran; era un “no” rotundo a los partidos tradicionales.

Con el pueblo en las calles otra vez y por tal de evitar otro conflicto que amenazaba con mucha más violencia, finalmente, se convocan elecciones para diciembre de 2005. El debate en estas elecciones se centró entorno a la “nacionalización” del gas, entendiendo cada partido la nacionalización a su modo. Final e inesperadamente, Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS) gana las elecciones con una amplia mayoría del 54% (en las de 2002 tan solo obtuvo un 2% de los votos), convirtiéndose así, en el primer presidente indígena de Latinoamérica.


[1] Bánzer había gobernado ya del 1971 al 1978 a través de un Golpe de Estado y fue elegido presidente años después, en 1997 con un 22% de los votos.
[2] Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, subsidiaria de la corporación española Repsol YPF. Primero fue la plata de Potosí y luego los hidrocarburos...
[3] Organización de Estados Americanos
[4] La agenda de octubre constaba de cuatro iniciativas: un referéndum sobre la venta del gas, la modificación de la ley de hidrocarburos de Goni, una revisión del proceso de capitalización y una convocatoria a una asamblea constituyente.