"Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse."

Gabriel Celaya

dissabte, 18 d’octubre del 2008

(II) Bolivia: de la insurrección popular a la ofensiva fascista

El gobierno del MAS y el proceso de cambio


La “recuperación” de los RRNN y el IDH

Como vimos, los recursos naturales fueron el centro de gravedad de la campaña electoral de 2005 y consecuentemente la primea acción de gobierno de Evo Morales. La propuesta de éste era la de “nacionalizar e industrializar sin confiscación” los hidrocarburos. Ahora bien, el MAS proponía la recuperación de los hidrocarburos mediante la reinserción de la empresa estatal a la industria i la renegociación con las compañías extranjeras por conseguir una condiciones más favorables para Bolivia, distanciándose así de las posiciones más radicales que apostaban por el confisco de las empresas directamente.

El Decreto en materia de hidrocarburos que ejecutó Morales se centraba en cuatro puntos: reafirmar la propiedad del Estado sobre los recursos hidrocarburíferos a través de un YPFB reconstituido; aumentar los ingresos gubernamentales por hidrocarburos renegociando contractos de exploración y explotación; encontrar nuevos mercados de exportación y negociar precios más elevados con Argentina y Brasil; y por último, aplicar una política de industrialización que permita a Bolivia utilizar su gas para productos como la electricidad.

Por lo que se refiere a la reconstitución de YPFB, es necesario recuperar el control de las 3 empresas capitalizadas que tenían control sobre exploración y transportación a YPFB, y de dos empresas privadas que compraron instalaciones. El gobierno tendría que tener la mayoría de acciones a cada una de las 5 empresas, cosa que Morales no ha hecho ni va por el camino de conseguirlo. Aún así, si lo consiguiera tendría el control sobre una pequeña parte de las reservas del país, y Repsol, Total y Petrobrás manejarían el 83% del gas boliviano y el 86% de las reservas de petróleo. De la misma forma, con el resto de objetivos del decreto sobre hidrocarburos, Morales no ha conseguido por el momento lo que se proponía, cosa que ha sido altamente criticada por los movimientos sociales que lo apoyaron. A pesar de no ser un decreto para nada “revolucionario”, por el momento muchos objetivos han quedado aplazados, en parte, debido a la falta de recursos económicos, y sobretodo, debido a los intentos por parte del gobierno de renegociar y “contentar” tanto a las empresas extranjeras como a la oligarquía boliviana.

Cabe aquí mencionar acerca del IDH (Impuesto de los Hidrocarburos), ya que es de capital importancia para comprender la oposición de confrontación de la derecha en los departamentos donde se extraen recursos hidrocarburíferos. El año 2005, antes de la apresurada salida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada, éste había creado un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos con el objetivo de presupuestar las Prefecturas de los Departamentos, suma importante de dinero a pesar que éstas nunca han tenido competencias relevantes. Con la “nacionalización” el ingreso en los departamentos por el IDH debía aumentar en más del doble, pero esto nunca sucedió, ya que el IDH se utilizó para sufragar la “Renta Dignidad”, caballo de batalla del MAS. Esta renta es pagada, indefinidamente, a todas las personas mayores de 60 años. Como veremos, los Prefectos no estaban dispuestos a peder tan suculento ingreso y harían de este hecho otra arma más para tumbar al gobierno de Morales.

Otras acciones políticas enmarcadas en el procesos de cambio impulsado por Evo y el MAS son el “Bono Juancito Pinto” (ayuda al estudio), “Gastos Reservados Cero”, “Plan de alfabetización para adultos” (con ayuda cubana y venezolana), el inicio de la “Revolución agraria”, etc. Pero sin duda, uno de los hechos mas importantes fue la elaboración de una nueva Constitución Política de Estado a través de la creación de la Asamblea Constituyente.


La Asamblea Constituyente

Otro punto esencial de la “agenda de octubre” fue la de crear una Asamblea Constituyente que se encargara de la redacción de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Ya des de un inicio, la formación de la Asamblea encontró en los partidos tradicionales y especialmente en la derecha un beligerante rechazo. Así, el gobierno se vio obligado a consensuar la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (a un mes de gobierno del MAS) mutilando las exigencias que los movimientos sociales imponían al gobierno. Estos, junto al MAS, preveían la participación de las organizaciones sociales rurales y urbanas mediante la elección directa de representantes. Finalmente, con la concesión del gobierno, los movimientos sociales quedaron fuera del teatro de la democracia y, además, consiguieron que – mediante aritmética electoral – de los 255 constituyentes nunca hubiera 2/3 de las fuerzas de izquierda, cantidad necesaria para la aprobación del texto constitucional[1].

Como veremos más adelante, la oligarquía y la derecha parlamentaria han tenido – y tienen – una oposición de confrontación, de choque si se quiere, ante la nueva CPE. Primeramente, con la cuestión de los 2/3 y después incluyendo en la agenda política el tema de la capitalidad[2]. A pesar de los intentos de este sector para hacer fracasar el nuevo texto, no presentándose el día de las votaciones, éste fue aprobado “a lo grande” el 24 de noviembre de 2007 en Sucre por 146 constituyentes y el 9 de diciembre en Oruro fue aprobado “en detalle y revisión” por 164, superando esta segunda oportunidad los 2/3 necesarios. Ahora bien, qué fue lo que pasó entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre para lograr los votos necesarios para la aprobación de la CPE? Obviamente se “revisaron” algunos “detalles”. Además, nos cuentan personas que participaron directamente en la discusión y redacción del texto que este no es exactamente igual al aprobado en Oruro[3]. El pueblo habla y los despachos políticos deciden. Así es la democracia.

Pero qué es lo que dice esta nueva Constitución que tanto la izquierda como la derecha la tildan de “rEVOlucionaria”? Lo cierto es que de revolucionaria no tiene mucho, por no decir nada: sigue el patrón de cualquier otra Constitución, ya sea de Europa o de otros países de América Latina. Aún y así, le reconocemos dos aspectos: en primer lugar, la presencia tangencial, en todo el texto, de los pueblos originarios: uso de la tierra comunal, autonomía indígena, etc. En segundo, la forma en cómo se redactó es bastante más participativa – a pesar de las trampas impuestas – que muchas constituciones políticas de Europa y de América Latina.

El proceso sigue abierto, en diciembre está previsto un doble referéndum para, de un lado, definir la superficie máxima de la tenencia de la tierra (5000 o 10000 hectáreas) y, del otro, aprobar y permitir que entre en vigor la nueva Constitución.


El gobierno y los movimientos sociales

La relación entre Evo Morales y el MAS (Movimiento Al Socialismo) y los movimientos sociales, es una relación muy estrecha y a veces hasta difuminada. Por un lado, Evo Morales había sido durante muchos años – y hasta hace unos meses – dirigente del Sindicato de Cocaleros del Yungas, que junto a la COB (Central Obrera Boliviana, la mayoría son mineros), son los más combativos del país. Además, el MAS surge durante el ciclo rebelde, como contrapartida de los partidos políticos tradicionales. Por otro lado, algunos integrantes del partido, como el vicepresidente Gacía Linera, fueron guerrilleros del MRTK (Movimiento Revolucionario Tupac Katari) en los años 60-70. Es decir, surge des de los movimientos sociales, o al menos, como consecuencia del accionar de estos.

Esto explica como, cuando sale elegido presidente en 2005, Morales y el MAS cuentan con el apoyo de parte importante de los movimientos sociales bolivianos. Cabe destacar que el carácter indigenista de Evo, junto con las propuestas del MAS de desarrollar políticas más participativas y poner un especial énfasis en las políticas dirigidas a campesinos, indígenas (que es la mayoría del país) y, en general, a las personas más excluidas y olvidadas por los anteriores gobiernos, han llevado a una casi idolatrazación de Evo Morales, convirtiéndose así en un especie de ídolo nacional para los simpatizantes del MAS (no así de los movimientos sociales, los cuales son más críticos con el gobierno). Al mismo tiempo, pasó a ser el enemigo de los terratenientes y de las élites económicas y políticas del país, quienes vieron peligrar sus privilegios.

Como acostumbra a pasar en el ámbito político, “del dicho al hecho hay un trecho” y, a pesar de las buenas intenciones de Evo Morales, el poder - determinado ya de antemano - y las estructuras del capital-Estado imposibilitan y dificultan, a la práctica, la realización de cambios significativos, cosa que generó la crítica de parte de los “masistas”, quienes empezaron a exigirle al gobierno cambios reales.

Actualmente, nos encontramos con que mucha de la gente que “apoya” al gobierno no son “masistas” ni apoyan a Evo Morales, sino que están con el proceso de cambio. Para muchos/as apoyar al gobierno de Evo Morales es más una estrategia de empoderamiento y una forma de poder ser escuchado/a, además de una estrategia para desplazar la creciente derecha boliviana.


[1] Esto era una distorsión de la realidad en el Parlamento, donde el MAS y sus aliados agrupaban esos 2/3 y que en la Constituyente tan solo representaban el 55%
[2] Sucre, a pesar de ser la capital constitucional del Estado, tan solo alberga el poder judicial. Tanto el poder ejecutivo, como el legislativo está ubicado en La Paz. Esta confrontación por la capitalidad plena se remonta a tiempos de la creación de la República, aunque en los últimos años estaba bien latente.
[3] Por citar un ejemplo, el “matrimonio entre dos personas”, después de pasar por despachos políticos, se queda en “matrimonio entre un hombre y una mujer”.