(I) Bolivia: de la insurrección popular a la ofensiva fascista

Hablar de la situación política actual de Bolivia hoy, no es tarea fácil. Se trata de una coyuntura compleja en la que intervienen varios actores debido, sobretodo, a un contexto social y político que en los últimos ocho años ha marcado la historia de este país, así como de toda Latinoamérica.

De este modo, y para hacer el texto comprensivo – y permitir comprenderlo nosotras mismas – vamos a contextualizarlo a partir de las movilizaciones de 2000 a 2005, período conocido como el “ciclo rebelde” y la llegada al poder del MAS y Evo Morales. Veremos también en qué se está materializando el llamado “proceso de cambio”, para poder comprender la respuesta que la oligarquía del oriente del país (autodenominada “media luna”) está dando con importantes tintes fascistas.


El Ciclo Rebelde (2000-2005): de las guerras del agua y el gas al triunfo electoral del MAS

El inicio del segundo milenio trajo consigo la explosión de toda la rabia contenida durante tantos años. Y como suele suceder, es una chispa la que desencadena la revuelta.

La vorágine neoliberadora que en los años 90, en gran parte del mundo, tiene como consecuencia la privatización de cada vez más recursos – entre ellos los capitales, y como no, los naturales – toca a Bolivia de lleno. El gobierno de Hugo Bánzer[1], siguiendo las nuevas doctrinas económicas dictadas por el FMI y el BM, decide entregar el sistema de provisión de agua del departamento de Cochabamba a la subsidiaria de una gran corporación estadounidense y aprobar una ley a partir de la cual podía dar el control del sistema rural de agua a esta misma corporación. Todo esto en un país donde el agua potable es escasa y en ciertos lugares hay que ir a buscarla con baldes o garrafas a las fuentes o al río; y donde parte de las zonas rurales (especialmente las comunidades indígenas del altiplano) no disponen todavía del elemento básico para la vida y las que tienen sistema de agua potable es porque ellas mismos han construido las canalizaciones.
De esta manera, se privatiza el servicio de agua de Cochabamba y la concesión queda a cargo de Aguas del Tunari perteneciente a la multinacional Bechtel. La primera gestión de esta nueva S.A. es el incremento de la tarifa hasta un 100% sin ningún tipo de justificación.

Entonces, la revuelta se inicia cuando a los usuarios del servicio de agua potable les llega la primera factura de la nueva compañía y observan el desmesurado incremento de la tarifa. La gente, organizada en la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida toma las calles como medida de protesta, acción que sería duramente reprimida por los militares. Hasta en tres ocasiones se cortaron los accesos a la ciudad con bloqueos y huelga general entre enero y abril de 2000. El resultado de la represión fue de un muerto de bala, unos 100 heridos/as y varias personas encarceladas (entre ellas representantes de la Coordinadora).

Las consecuencias de esta primera insurrección son varias. En primer lugar, se consiguió que la empresa Betchel huyera de la ciudad, devolviendo el sistema de provisión de aguas a manos públicas, y se consigue derrocar la discutida ley. Pero también crea un precedente histórico para futuras movilizaciones.

Durante los años que siguen, se suceden incontables protestas contra el gobierno, pero es en octubre de 2003 cuando la insurrección popular cobra mayor alcance, desencadenando la llamada Guerra del Gas.

En Bolivia, como en gran parte de Latinoamérica, los recursos naturales – y especialmente los hidrocarburos – siempre han estado en manos de corporaciones extranjeras. En Bolivia, la llamada “capitalización” de este recurso fósil dejaba en las arcas del Estado tan solo el 18% del total de activos de YPFB[2], así que gran parte de los beneficios que se obtenían de la segunda reserva más grande de Sudamérica, no se quedaban en el país. Es en este contexto que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, “Goni”, propone la venta de gas barato a Estados Unidos a través de Chile – histórico rival de Bolivia – provocando las protestas que conseguirían la huida del presidente del país.

Con esto y en un contexto de descontento social por una fuerte crisis económica, las protestas se fueron incrementando y extendiendo: El Alto, Oruro, Potosí, ... des de las zonas rurales del altiplano se bloquearon los accesos a La Paz y los mineros ya marchaban hacia allá. Entonces, el gobierno ordena a los militares despejar por la fuerza las rutas para garantizar el subministro de combustibles los cuales no dudan en usar armas de fuego contra la población “armada” con palos y hondas. Esta desproporcionada represión comienza a dejar varios muertos por bala lo que provoca mayor indignación y acrecientan las protestas, especialmente en El Alto. El vicepresidente del gobierno, Carlos Mesa, ante la carnicería que estaba provocando su gobierno, decide renunciar y distanciarse de Goni. Mientras, la clase media, intelectuales y la elite boliviana comienzan a unirse a las protestas, pidiendo la dimisión del presidente y empiezan ha haber las primeras distensiones entre militares y policías.

Por otro lado, la administración Bush, a través de su embajador en Bolivia, da su pleno apoyo al presidente, de la misma manera que se posiciona la OEA[3] a favor de éste. Quedan claros los alineamientos internacionales a favor de la “democracia” aunque sea matando a manifestantes.
Finalmente, el 16 de octubre se convoca a una marcha en La Paz que aglutina a unas 300000 personas y crece la agitación, las huelgas de hambre, así como la presión internacional ante embajadas.

Al día siguiente, llegaba la renuncia del presidente por fax y las televisiones del país muestran la pantalla dividida en dos partes: en una, el avión que transportaba a Sánchez de Lozada a su refugio político en Estados Unidos, y en la otra, aparecía Carlos Mesa invistiéndose como nuevo presidente de Bolivia.

La Guerra del Gas tubo diversas consecuencias de consideración. Por un lado, la represión dejó tras de sí 67 muertos y centenares de heridos (la mayoría de ellos por balas de la policía y el ejército). Por el otro, la consecuencias políticas: la destitución – o más bien, la huida – del presidente, la promesa del cumplimiento de la llamada agenda de octubre[4] y un fortalecimiento de los movimientos sociales de Bolivia, que cobraran una gran importancia en los años venideros a la vez que un desgaste de los partidos tradicionales que habían caído en descrédito.

Carlos Mesa traicionó la agenda de octubre aprobando una nueva ley de hidrocarburos que nada tenía que ver con las demandas originadas en la Guerra del Gas (ley dictada bajo la amenaza del FMI de retirar ayudas), así que presenta su dimisión en dos ocasiones, la última aceptada por el Congreso y dejando al país sin presidente. Mientras políticos y magistrados debatían quién sería el sucesor de Mesa, las calles de las ciudades de Bolivia, de nuevo, se inundaban de gente exigiendo que ninguno de los dos políticos que podían “heredar” el poder lo hicieran; era un “no” rotundo a los partidos tradicionales.

Con el pueblo en las calles otra vez y por tal de evitar otro conflicto que amenazaba con mucha más violencia, finalmente, se convocan elecciones para diciembre de 2005. El debate en estas elecciones se centró entorno a la “nacionalización” del gas, entendiendo cada partido la nacionalización a su modo. Final e inesperadamente, Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS) gana las elecciones con una amplia mayoría del 54% (en las de 2002 tan solo obtuvo un 2% de los votos), convirtiéndose así, en el primer presidente indígena de Latinoamérica.


[1] Bánzer había gobernado ya del 1971 al 1978 a través de un Golpe de Estado y fue elegido presidente años después, en 1997 con un 22% de los votos.
[2] Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, subsidiaria de la corporación española Repsol YPF. Primero fue la plata de Potosí y luego los hidrocarburos...
[3] Organización de Estados Americanos
[4] La agenda de octubre constaba de cuatro iniciativas: un referéndum sobre la venta del gas, la modificación de la ley de hidrocarburos de Goni, una revisión del proceso de capitalización y una convocatoria a una asamblea constituyente.